Un informe remitido por la Contraloría de la República al Ministerio Público, determina que la ex primara dama, Ruby Moscoso de Young, presuntamente cometió irregularidades en el manejo de 13.7 millones de dólares de la cuenta Fundación Pro-educación Integral de la Niñez, la Salud y la Juventud.
Un informe de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) deduce la existencia de irregularidades que afectan fondos públicos, por lo que se decretaron acciones cautelares por 8 millones 500 mil balboas contra Moscoso de Young y contra otros directivos de esa fundación.
El contralor de la República, Dani Kuzniecky, confirmó ayer en conferencia de prensa lo relativo al informe integral y a la auditoría realizada por esa institución que establece que Moscoso de Young, administró de manera irregular fondos públicos y que hasta el momento no ha logrado sustentar.
Kuzniecky reveló que la auditoria final establece malos manejos en la cuenta de la Fundación Pro-educación Integral de la Niñez y la Salud y la Juventud por la suma de 13 millones 760 mil balboas. De éstos, 7 millones 703 mil fueron pagados a empresas, personas naturales y organizaciones en concepto de bienes y servicios.
Otro pago de 4 millones 607 mil balboas fue destinado a la construcción del Museo El Tucán, en donde se determinó un sobreprecio de 548 mil 310 balboas. El contralor sostuvo que existen pagos sustentados de 922 mil 141 balboas y una transferencia mediante cheque de gerencia del banco a la cuenta del gobierno de Taiwán por 525 mil como remanentes.
Por otro lado, el contralor Kuznieky consideró de "delicado y paradójico" el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en donde condena la DRP y la ordena a indemnizar a la empresa Panahabanos Cigar Company S.A., cuyos bienes y cuentas bancarias fueron cautelados por lesiones patrimoniales.
El contralor indicó que la decisión de la Corte, traerá consigo "incidencias" en las investigaciones que adelanta la Contraloría y en los procesos de la DRP, ya que limitará la facultad de adoptar medidas cautelares dirigidas a garantizar que los resultados de los procesos patrimoniales no sean ilusorios y que el Estado pueda resarcirse debidamente.
Kuzniecky advierte que la decisión de alta corporación de justicia desconoce la existencia de un proceso de nulidad promovió por el ex contralor Alvin Weeden y que surgió para decidir el fondo del asunto en el caso de la empresa Panahabanos.