Ricardo Martinelli volvió ayer a plantar bandera en un proyecto en el área turística de la Calzada de Amador. La acción tuvo la misma motivación que un anterior operativo desplegado en la concesión al Grupo Figali: alta morosidad y rellenos ilegales.
La acción presidencial tuvo como blanco a la empresa Brisas de Amador, que desarrolló un proyecto en Isla Pericos, donde operan restaurantes y una marina. Las investigaciones del nuevo gobierno determinaron que la empresa rellenó más de 2.8 hectáreas de fondo de mar, sin contar con la respectiva autorización.
Surge entonces la pregunta qué control ejercían la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), la Autoridad Marítima de Panamá o la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, que no frenaron en su momento esos rellenos y no realizaban los cobros de manera efectiva para evitar la acumulación de una morosidad que ya se aproxima a los dos millones de dólares.
Resulta incomprensible que mientras al panameño común le cortan el servicio de energía eléctrica, de telefonía o agua potable con dos meses de morosidad, el Estado se haga de la vista gorda y no se desarrollen los esfuerzos necesarios de cobros, para evitar que grandes proyectos empresariales no cumplan sus compromisos y se apropien de terrenos no autorizados.
Panamá no rechaza la inversión privada, al contrario se reconoce el aporte de éstos al desarrollo de la economía del país, pero el país no puede regalar valiosos activos como son las áreas revertidas, para que un grupo logre ganancias y no cumpla con sus compromisos con el Fisco.