El Defensor del Pueblo, Juan Tejada, advirtió que la ausencia de una reglamentación en las cárceles del país ha motivado la aplicación de normas policiales que se han convertido en "una mala costumbre por los abusos" que se cometen con los privados de libertad.
Tejada consideró de "preocupante" el incumplimiento por dos años de la reglamentación de la Ley No.55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario en Panamá.
El Defensor del Pueblo exigió que ante esta lamentable situación el Ministerio de Gobierno y Justicia, debe expedir la referida reglamentación que surge en defensa de los derechos humanos de los privados de libertad.
Indicó que el artículo 132 de esta Ley establece que el Estado contará con un período no mayor de un año, contado a partir de su promulgación, para reglamentarla a través del Ministerio de Gobierno y Justicia.
La reglamentación debe incluir todo lo relacionado con la organización administrativa del sistema penitenciario, así como la clasificación de los privados y privadas de libertad, tratamiento penitenciario y procedimientos con la selección y formación del personal.
Tejada indicó que ante la ausencia de la reglamentación, agentes policiales que manejan las cárceles aplican el denominado Plan Operativo Normal (PON), lo que se han convertido en una mala costumbre por los abusos que se cometen.
Con la aplicación del PON si algún interno comete una falta leve, se le hace un informe y luego se le suspende automáticamente las visitas, llamadas telefónicas y derecho a patio, entre otros actos irregulares.
El Defensor culminó señalando que la promulgación de esta Ley significó un avance importante en la elaboración de una política de Estado para la defensa de los derechos de los detenidos.