La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió a Panamá que tiene hasta el 18 de agosto para que le rinda un informe donde detalle el cumplimiento de la sentencia dictada en el año 2001, por medio del cual se ordenó la reparación económica a más de 270 trabajadores destituidos por la Ley 25 de diciembre de 1990.
Desde que se dictó el fallo, los afectados han tenido un largo proceso de lucha para lograr que el gobierno anterior y en lo que va de la presente administración cumpla con lo dispuesto por la CIDH que tiene su sede en San José, Costa Rica.
En vista que los trabajadores consideran que el Gobierno incumple con la sentencia, han presentado la querella nuevamente ante los tribunales para obligar al Estado panameño que cumpla con el pago de salarios caídos, indemnización por daños morales y la restitución a sus puestos de trabajo.
Ante la insistencia de los trabajadores y el incumplimiento del Estado, el secretario de la CIDH, Pablo Saavedra Alesandri, envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores y primer vicepresidente de la República, Samuel Lewis Navarro, donde le advierte que a pesar de que en dos oportunidades el organismo ha solicitado un informe del cumplimiento del fallo, aún no se ha producido.
La CIDH reitera la solicitud al Estado panameño.
SIN PRORROGA: CLARIDAD
El organismo internacional le recuerda al Estado, a través del canciller, que el informe debe ser preciso en las medidas adoptadas.
