El gobierno colombiano expresó su complacencia con la aprobación por parte del Congreso de la ley que beneficia a los paramilitares que depongan las armas, durante un encendido debate salpicado por las denuncias sobre nexos entre esos grupos y un hermano del presidente.
"Creo que después de dos años de debate podemos declararnos satisfechos", afirmó el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.
El texto, que ahora deberá pasar a sanción presidencial previa concertación entre la Cámara y el Senado, concede estatus político a los paramilitares y prevé penas de hasta ocho años de cárcel para los ex combatientes acusados de delitos atroces.
La norma ha sido objetada por sectores de oposición, activistas de derechos humanos y la ONU, que temen que la misma genera impunidad.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) también se han expresado en contra del proyecto por considerar que castiga severamente a quienes han luchado contra la guerrilla en pro de la pacificación del país.
FUERZA ARMADA ILEGAL: 20 MIL
Unos 20.000 paramilitares deben desmovillizarse.
