El pleno de la Corte Suprema de Justicia debe definir la reapertura de uno de los mayores escándalos del país: el caso del Centro Multimodal e Industrial de Servicios (CEMIS), en el que se denunció el cobro de una coima de $20 mil para cada legislador que aprobó ese proyecto que debía desarrollarse en Colón.
El lío estalla en enero de 2002, cuando según Carlos Afú, todos los legisladores del PRD, exceptuándose él y Tomás Altamirano Duque, recibieron $20 mil por emitir su voto favorable en la aprobación del CEMIS. Además resaltó que otros colegas denominados de primera categoría recibieron $150 mil.
El Ministerio Público abrió la investigación, pero en septiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó el archivo del proceso y anuló todo lo investigado.
El contrato con el Consorcio San Lorenzo permitía desarrollar el CEMIS como un parque industrial y un aeropuerto internacional.
El contrato -que años después fue anulado- otorgaba al consorcio privado casi 6 millones de metros cuadrados de terrenos en la Zona Libre de Colón y el aeropuerto Enrique A. Jiménez (France Field), por un periodo de 60 años.
El 3 de marzo de 2005, hace más de cuatro años, la actual Procuradora pidió a la Corte reabrir el caso y desde entonces se espera un pronunciamiento. Se cuestiona a jueces por acumular expediente y se realizan auditorías para sancionar a esos funcionarios judiciales, pero qué explicación tiene el pleno de la máxima instancia judicial, para justificar tanta demora.