ABRACADABRA
Con el Tribunal Electoral
 "Sin igualdad de condiciones no hay democracia"
Carlos Guevara Mann
El martes 2 de junio publiqué
un "Manifiesto" dirigido a los magistrados del Tribunal Electoral,
en que se les pedía que solicitaran la presencia de observadores
de organismos inter gubernamentales y no gubernamentales, especialmente
la OEA, para verificar la transparencia de dicha consulta popular.
Esa solicitud estaba basada en el derecho que tenemos los panameños
a un referéndum democrático (que hasta ahora no se ha respetado),
como también en el derecho consagrado en el artículo 41 de
la Constitución, que faculta a los ciudadanos para presentar peticiones
a los servidores públicos por motivos de interés social o
particular.
El manifiesto hizo énfasis en la importancia de incluir a la OEA
entre las entidades observadoras, en vista de que la OEA es un organismo
oficial inter gubernamental, cuya presencia constituye garantía de
imparcialidad y multilateralidad, y cuya Unidad para la Promoción
de la Democracia se especializa en la vigilancia de las consultas populares
de la región.
En respuesta privada al manifiesto, el magistrado Denis Allen indicó
que los magistrados ya habían invitado "a los organismos internacionales
a ser observadores de las elecciones [y el] referéndum de 30 de agosto
de 1998, incluyendo a la OEA" y el Tribunal emitió un aviso,
el 4 de junio, en que indicaba que lo referente a la presencia de observadores
había sido reglamentado mediante Decreto 31 del 18 de abril de 1998.
En cuanto a la OEA, sin embargo, en su columna del domingo 14 de junio
(La Prensa), Betty Brannan Jaén informó que, contrario a lo
indicado por el magistrado Allen, la invitación no comenzó
a gestionarse hasta el 5 de junio, y no se presentó al Secretario
General de la OEA hasta una semana después, el 12 de junio.
¿Error u omisión? No lo sé. Lo cierto es que, como
señala la columnista Brannan Jaén, este tipo de imprecisiones
no hace más que sembrar dudas sobre la capacidad del Tribunal para
llevar a cabo un referéndum transparente y democrático.
Dudas justificadas que se fundamentan en la ausencia en Panamá
de una verdadera separación de poderes y que aumentan a medida que
transcurre el tiempo y la ciudadanía ve cómo se emplean los
recursos del Estado para favorecer la postura oficialista, a ciencia y paciencia
de la Fiscalía y el Tribunal Electoral.
Con base en estos señalamientos quiero enfatizar hoy dos puntos
importantes: primero, la calidad de los observadores internacionales y,
segundo, el deber del Tribunal y la Fiscalía de asegurar el carácter
democrático de la campaña.
En cuanto a la calidad de los observadores, los panameños tenemos
que cerciorarnos de que éstos ejerzan su papel eficiente y responsablemente,
no como en ocasiones anteriores bajo dictadura del PRD (1977 y 1984, por
ejemplo), en que se cometieron toda clase de irregularidades y se burló
vulgarmente la voluntad popular, con la complicidad de un montón
de "observadores" que vinieron a "hacer turismo" a costa
del pueblo panameño.
En cuanto al deber del Tribunal y la Fiscalía de asegurar el carácter
democrático de la campaña, lo que hasta ahora no han podido
garantizar, hay que destacar que por más que haya presencia de observadores
extranjeros de alta calidad, el abuso de poder y el uso de los recursos
del Estado para promover la postura oficialista (lo que viene dándose
desde hace mucho tiempo) viola el principio de igualdad de oportunidades
para emitir opiniones políticas que constituye el fundamento de una
consulta popular democrática.
Lo procedente ahora es que el Tribunal y la Fiscalía ejerzan la
autoridad que les dan la Constitución y las leyes para evitar que
se siga violando este principio, porque, amigos lectores, sin igualdad de
condiciones no hay democracia.
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