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EDITORIAL
Algo huele mal
Desde que se produjo la decisión gubernamental de perdonar más de 1,000 millones de dólares a la empresa operaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, se percibía que era un tema que produciría de qué hablar. El exmandatario Ernesto Pérez Balladares ha calificado como un "escándalo" que el Gobierno haya decidido "regalarle" 30 millones de dólares anuales durante 45 años a la transnacional Hutchinson.
Paralelamente, en la Asamblea Legislativa se impide una iniciativa para derogar las resoluciones del Consejo de Gabinete y del Ministerio de Comercio, que equipara el contrato de la Hutchinson con las condiciones pactadas con los también operadores portuarios Ever Green y Manzanillo International. En la Asamblea se prohija por unanimidad un anteproyecto que busca limitar las publicaciones de los medios de comunicación social, pero de manera increíble, se niega la oportunidad de debatir una iniciativa para dejar sin efecto la medida que le regala millones a la Hutchinson.
Ya hasta se habla que dentro de las propias filas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) hay división en torno al tema, clara señal de que hay algo poco claro en todo el lío portuario.
El 29 de julio de 1996, Cristóbal y Balboa fueron privatizados. La Hutchinson Wampoa a través de su filial Panamá Ports Company ofertó una anualidad fija de 22.2 millones de dólares más 10% de los ingresos brutos.
Hoy, la transnacional quiere pagarle al fisco en base a los contenedores que maneja anualmente, cifra que se estima en apenas tres millones de dólares.
Para esa pretensión reclama los beneficios de una equiparación establecida por la ley 12 del 3 de enero de 1996, es decir antes de que la Hutchinson suscribiera el contrato con la nación para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
En medio de la inquietud que ha provocado el tema, el ministro de Comercio defiende su medida, alegando que con la equiparación, Hutchinson hará una inversión directa de 200 millones de dólares, para duplicar la capacidad de los puertos para movilizar más de un millón de contenedores al año.
La pelota ahora ha sido lanzada a la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que este caso no traiga de vuelta la vergüenza que sufrió el país por los sucesos de enero pasado, que dejó a nuestra clase política en el mayor desprestigio.
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PUNTO CRITICO |
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