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El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se mostró satisfecho por la condena impuesta ayer por un tribunal a tres militares y un sacerdote encontrados culpables de la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi.
"Hoy por primera vez en la historia a un crimen político se le aplica la ley, se le aplica la justicia; hoy se fortalece el poder judicial, se fortalecen las instituciones del país", dijo ayer el gobernante en declaraciones a periodistas tras un acto oficial.
Portillo agradeció a la sociedad civil, a los jueces y al fiscal que "pensaron" en el instrumento de la ley y que no tuvieron presiones "de ninguna naturaleza".
Sin embargo, aseguró que el Organismo Ejecutivo ayudó con los órganos jurisdiccionales para esclarecer el crimen, cometido el 26 de abril de 1998.
No obstante, el fiscal especial del caso, Leopoldo Zeissig, aseguró que un informe de dos hojas que entregó el gobernante meses después de su investidura no contribuyó en nada para aclarar el crimen, considerado el de mayor trascendencia tras la firma de la paz, en diciembre de 1996.
El Tribunal Tercero de Sentencia, que preside el juez José Eduardo Cojulún, condenó a 30 años de cárcel inconmutables al coronel Byron Lima Estrada, su hijo el capitán Byron Lima Oliva y el sargento y ex guardaespaldas presidencial Obdulio Villanueva.
El cuerpo colegiado los culpó de ser coautores de la ejecución extrajudicial del jerarca católico, con una amplia trayectoria de defensa de los derechos humanos.
El sacerdote Mario Orantes, auxiliar del prelado, fue condenado a 20 años de prisión por complicidad y la ex cocinera de Gerardi, Margarita López, fue absuelta de forma unánime.
El tribunal determinó que el asesinato fue producto de una planificación y contó con la aquiescencia de órganos del Estado para cometerlo.
Lima Oliva y Villanueva pertenecían, cuando ocurrió el asesinato, al Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo de elite del Ejército implicado en infinidad de violaciones de los derechos humanos. |
