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La Coordinadora Regional de Panamá Oeste del Ministerio de la Juventud la mujer, la niñez y la familia Ana de Moreno reveló que a pesar de la explotación demográfica en los últimos 10 años en esa región sean mantenido las estadísticas de casos de menores en situación de riesgo social.
Informó que entre junio y diciembre del año pasado se registraron unos 300 casos debidamente confirmados quienes en base a una conducta inadecuada en su entorno social reflejan las características de niños en riesgo.
Indicó que la institución se encuentra procesando las estadísticas de este año aunque la entidad atiende a diario un promedio de tres casos de menores en riesgo social que son traídos por diferentes medios remitidos por la policía de menores, del juzgado de la niñez y la adolescencia en su mayoría referido por la juez de turno y en algunos casos son traídos por sus propios familiares preocupados por la conducta irregular del niño.
Argumentó que el artículo 498 del código de la familia establece que se considera un menor en situación de riesgo social cuando no asiste a la institución de la enseñanza matriculado, al no recibir la educación correspondiente, cuando se dedica a la mendicidad, o a la vagancia deambular de forma habitual, consumo de bebidas alcohólicas o drogas y sustancia sicotrópicas.
Manifestó que existen otros casos por ejemplo cuando el menor no recibe la educación correspondiente, al abandonar el domicilio de sus padres, si se emplea en ocupaciones la cual pueda considerarse peligrosa para su salud, la moral y contraria a las buenas costumbres, al relacionarse con personas viciosas o vive en casas destinadas al vicio al presentar el menor una conducto donde sus padres, parientes o guardadores se le imposibilite controlarlo y cuando sea hijo de padres de medios ilícitos de vida o por su condición se le hace imposible ofrecerle un modo adecuado de vida.
Indicó que según la ley 40 de penalización del adolescente responsabiliza a esa institución atender los casos de menores en esa condición y en base al código de la familia los funcionarios conscientes de su labor social trabajan incansablemente para atender a los niños.
Expresó la funcionaria que cuando se detecta un caso de esa naturaleza el primer paso es entrevistar a los padres o guardadores y al niño sin la presencia de los adultos responsable de la custodia levantar un diagnósticos así conocer cual es la situación de fondo que afecta al menor y su visión de lo ocurrido donde debe existir una razón por el cual se comporta de esa manera.
Manifestó que la orientación es fundamental dirigida a los padres y al menor donde una trabajadora social de la institución se encarga de tratar el caso directamente luego de un estudio socioeconómico le abre un expediente le da seguimiento realiza visitas periódicas imprevistas al hogar involucrado.
La institución desarrolla el programa orientación y prevención de menores en situación de riesgo social integrado por varios módulos donde participan unos 50 niños quienes se reúnen todos los sábados en las oficinas principales.
Sostiene que los módulos desarrollados durante las clases de orientación impartidas por las propias trabajadoras sociales de la institución tienen que ver con temas de interés para su formación individual y grupal del niño sobre la autoestima, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, relaciones familiares, toda una gama de tópicos que requiere el menor para su educación integral.
Precisó que lamentablemente la institución regional de panamá oeste no cuenta con el equipo completo de profesionales para tratar los casos pero el personal de esa entidad ha demostrado eficiencia en su desempeño laboral dedicado al trabajo a pesar de las limitaciones que actualmente se encuentran pero la función social desarrollada se dirige siempre a beneficiar al menor y la familia.
Explicó que el programa se desarrolla los días sábados para no interrumpir la escuela de los niños aunque es consciente que deben ser más la cantidad de participantes pero el problema estriba que los propios padres de familias no se esfuerzan en traer a sus hijos cuando presentan esas características.
Enfatizó que como la entidad no es juzgado se le imposibilita aplicar fuerzas coercitivas para obligar al menor asistir al programa en ese sentido le corresponde a los padres de familias quienes deben de poner el empeño de traerlos, pero muchos se despreocupan de esa responsabilidad aunque aquellos quienes asisten se les nota el cambio de conducta y los propios padres lo manifiestan.
Moreno explicó que el programa a parte de charlas en las oficinas también se le lleva a connivencias una vez al mes al Centro Juvenil Vicentino (CEJUVI), donde se coordina un programa con la entidad para menores en situación de riesgo. |