"Abuso de autoridad", y "Extralimitación de funciones". ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras? Muchas demandas contra altos funcionarios han sido interpuestas con estos cargos.
Pero no es de los casos publicitados ni los pleitos legales públicos de lo que estamos hablando, sino de esos actos de corrupción que algunos de nuestros funcionarios de todos los niveles cometen a diario.
El concepto fundamental de la corrupción en la esfera gubernamental consiste en utilizar nuestra posición de jerarquía dentro de una entidad del Estado para lograr beneficios personales, o para allegados, o para quien esté dispuesto a pagarnos.
Criticamos mucho a los diputados, con su larga lista de prebendas y privilegios: su inmunidad para ser investigados, su fuero electoral, la capacidad de introducir automóviles a territorio nacional sin pagar impuestos, etc. Todo esto y más es digno de criticar pero, ¿acaso la corrupción comienza y termina con los diputados, presidentes y ministros?
Debajo de estos servidores públicos elegidos por votación, suele haber una telaraña enorme de corrupción establecida por muchos funcionarios de mandos medios y bajos que han persistido durante varias administraciones gubernamentales sin ser detectados.
Tomemos como ejemplo aquella red de funcionarios que se robaron cientos de miles de balboas de los peajes de la Autopista Arraiján-La Chorrera durante varios años. Este grupo de ladrones estuvieron operando virtualmente sin que nadie en el gobierno central les pusiera atención, hasta que fueron descubiertos hace dos años.
Todos ellos abusaron de su cargo. Se aprovecharon de que tenían información que otros dentro del ministerio desconocían, y se afincaron en que jamás serían descubiertos, pero se equivocaron. El problema es que aún hay muchos otros funcionarios ladrones allá afuera.
