El paro de autobuses interurbanos, camiones de carga nacional e internacional y de taxis, entró ayer en su sexto día, sin que el gobierno nicarag� ense de Daniel Ortega llame a diálogo a los líderes de la protesta.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) emitió ayer un comunicado urgiendo al gobierno que llame a diálogo para negociar cuanto antes una solución al conflicto.
El COSEP expresa su oposición a cualquier intento del gobierno para regular o restringir la actividad de la libre empresa en este país.
El organismo empresarial señala que este paro agrega "una presión adicional a la débil economía nicarag�ense que está siendo afectada seriamente por la huelga".
Con este comunicado COSEP se sumó a otras instituciones como la Iglesia Católica y organismos como la Coordinadora Civil que igualmente han demandado que el gobierno abra negociaciones para resolver la huelga y que las actividades económicas del país recobren su normalidad.
El presidente de COSEP, José Adán Aguerri, dijo hoy en un programa de este organismo en una radio de Managua que el paro deja diariamente pérdidas por dos millones de dólares.
El paro continúa en su sexto día a pesar de que el gobierno anunció el viernes que había firmado acuerdos con el 90 por ciento de los transportistas organizados en cooperativas.
Dirigentes de la huelga, como Vidal Almendarez de la Federación Nicarag ense de Cooperativas de Taxis, desconocieron el anuncio del gobierno hecho por el ministro nicarag ense de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, para garantizar el servicio de transporte en el país.
La prensa local informó que el paro ya está afectando a diversas industrias e incluso a las actividades deportivas de este fin de semana que fueron suspendidas por el problema de falta de transporte.
La fuente señaló que miles de contenedores con productos perecederos en los puertos, mataderos paralizados y mercados populares desabastecidos, son entre otros los efectos del paro.
La protesta de los transportistas afecta mayormente las regiones centrales, norte, sur y atlántico, y en menor magnitud en Managua, donde los dueños de autobuses reciben subsidios estatales y combustibles a precios preferenciales.