La pelota está del lado del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que estaría en mora en la designación, entre los nueve magistrados, de un funcionario de instrucción o fiscal que recabe las pruebas que puedan vincular a algún diputado en funciones mencionada en el caso de soborno para la aprobación del proyecto CEMIS en el año 2001.
El ex diputado Jerry Wilson y uno de los cerebros en la redacción de la reforma constitucional del año 2004 afirmó que nada impide que los diputados electos, mencionados en la denuncia del CEMIS, sean investigados por los magistrados, ya que con las reformas de hace seis años se eliminó la denominada inmunidad parlamentaria.
Manifestó el perredista que el pleno de la Corte no necesita la autorización de la Comisión de Credenciales de la Asamblea para iniciar el juzgamiento de ninguno de los miembros del Órgano Legislativo. "Eso pasó a la historia", exclamó Wilson.
Afirmó que lo único que se puede considerar como una "prerrogativa" o norma de carácter especial es que los diputados sólo pueden ser procesados por los magistrados de la Corte, por lo demás, señaló que el funcionario investigado está a merced de lo que establece el Código Judicial.
"Hay un procedimiento establecido en la ley. El pleno de magistrados designará a un magistrado de instrucción o fiscal quien aplicará un procedimiento en igualdad de condiciones al que se aplica a un funcionario público acusado de un delito", afirmó Wilson.
Aclaró también que en el caso del juzgamiento de los diputados es necesaria la presentación de la prueba sumaria.
Vinculado a este caso, la semana pasada el pleno de la Asamblea Nacional, con 45 votos a favor, ordenó el archivo de la parte de la investigación del CEMIS vinculada a la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista sobre la base del pago de un supuesto soborno.
Para la Asamblea, no hubo argumentos probatorios que motivara a los diputados a declararse en sesiones judiciales.