Dentro de tres días, el mando de la Fuerza Pública será traspasado a los magistrados del Tribunal Electoral, de cara a los comicios del 3 de mayo. Se trata de una ceremonia tradicional en el país, que se remonta a los comicios de 1994.
Se espera que los organismos de seguridad tengan establecidos todos los planes de contingencia ante la eventualidad de que algunos inadaptados traten de introducir violencia en los centros de votación a la hora del escrutinio delos votos.
Nadie olvida las actuaciones de elementos paramilitares de la llamada "Séptima Fuerza" en las elecciones de 1984 y situaciones similares que se repitieron en 1989, en los que pistola en mano se asaltaban los centros de votación, cuando se iniciaba el proceso de conteo de la voluntad popular.
El Tribunal Electoral debe ser estricto y divulgar con anticipación las sanciones que pueden recibir los que participen en ese tipo de actos atentatorios contra la democracia del país.
Los asaltos electorales no pueden tener cabida en Panamá y el que intente algo semejante debe saber que guardará prisión por buen rato. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública debe utilizar todos sus recursos de video vigilancia para resguardar las áreas cercanas a los centros de votación y detectar así a los grupos que intenten desórdenes callejeros.
Así también el Tribunal Electoral debe tener a su personal alerta frente a los intentos de compra de votos que se producen en toda contienda electoral y detectar tanto al que ofrece dinero como el que vende el voto, para abrirle su respectivo expediente.
Panamá debe vivir el 3 de mayo una fiesta electoral, donde la violencia y la compra de votos no pueden tener cabida.