Una gran expectativa gira en torno a la ratificación de Pedro Meilán como administrador de Autoridad de Protección al Consumidor y de Víctor Urrutia al frente a la Autoridad de los Servicios Públicos.
Según los funcionarios, los decreto-ley que crearon ambas autoridades le conceden un marco jurídico más amplio para intentar controlar las tarifas y aplicar sanciones económicas ejemplares a quienes incurran en abusos.
Tanto Urrutia como Meilán fueron ratificados por la Asamblea Nacional para ejercer el cargo por un periodo de siete años y salarios mensuales de B/.7 mil cada uno.
CANCELACION DE CONCESIONES
En sus primeras declaraciones, Víctor Urrutia, administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, aseguró que adoptará una actitud de clara defensa del consumidor, para asegurarse que el servicio sea bueno y a un precio razonable.
Sostuvo que la tarea es compleja, sin embrago, anunció que en servicio eléctrico se procederá a cancelar aquellas concesiones hidroeléctricas que se han mantenido "congeladas" más allá del plazo que establece la ley para su operación.
"La ley señala plazos para la explotación de las concesiones y se de algunas que están acaparadas y congeladas", aseveró.
Urrutia manifestó que su gestión estará encaminada en la creación de más fuentes de generación, porque según dijo, "cuando la percepción está encaminada a que hay escasez de nuevas fuentes, los precios aumentan".
CADENA DE COMERCIALIZACION
En tanto, Pedro Meilán sostuvo que el problema de estructura dentro de la antigua CLICAC será corregida y reorganizada en su totalidad.
Indicó que la potestad de imponer multas de hasta B/.2, 500 en polémicas comercio-consumidores permitirá una agilización de trámites por quejas de consumidores.
El funcionario expresó que procederá a investigar la cadena de comercialización y de proveedores vinculados en la fijación de precios de la canasta básica familiar.