Panamá, país de grandes bendiciones goza la ventaja de tener costas en el océano Pacífico y en el Atlántico. Además de poseer hermosas playas en los dos litorales, también posee más de mil islas. Sólo en el archipiélago de San Blas hay más de 353, y en el océano Pacífico, más de 753 islas.
Nuestro país en su tardío despertar, está en la actualidad generando proyectos y formando recursos dirigidos a las áreas de telecomunicaciones, turismo y transporte especialmente relacionadas al área marítima. Este despertar generará empleos y el crecimiento necesario que redundará en beneficios a la población. Sin embargo, he escuchado desde hace algunos años que las islas, preciado recurso nuestro, están a la venta y muchas han sido ya vendidas a proponentes foráneos que en algunos casos ya llevan años de vivir en las mismas.
En las provincias de Bocas del Toro y Colón este fenómenos se ha dado, frente a los millones de panameños que estamos cegados sin reaccionar a esta situación.
Creemos que el gobierno puede concesionar las islas en función de planes y políticas en materia de turismo, eco-turismo y otras áreas. Pero a través de internet, se ofrecen a la venta internacionalmente islas panameñas a miles y millones de dólares, siendo estas patrimonio de Estado y de todos los panameños.
Somos de la opinión que el Estado debe gestionar proyectos que promuevan el turismo como una gran fuente de empleo e ingresos en nuestro país. También creemos que debe existir una fiscalización y monitoreo de los activos nuestros en materia de recursos naturales y bienes que no utilizamos, sub-utilizados o que están siendo utilizados y usufructuados por entidades que dirigen estos productos a destinos que no van más allá de nuestras fronteras y que no benefician al país.
Es necesario señalar que no sólo en esta área sino en muchas, nos hemos descuidado, no valorando lo que para otros significa riqueza invaluable y que a través de los tiempos ha sido objeto de innumerables conflictos bélicos en la historia de la humanidad; es responsabilidad del actual gobierno velar de manera contundente, profunda y permanente que nuestro patrimonio no sea vendido, usufructuado y ocupado en situaciones que no representen un beneficio real a la población.
