La Contraloría colombiana anunció que asumió el control fiscal excepcional del sistema de transporte público de Bogotá, conocido como Transmilenio, por las graves irregularidades denunciadas en ese servicio.
La infraestructura de las primeras líneas del sistema de autobuses articulados, que entraron en operación hace tres años y cuya duración se calculaba en 20, se ha ido fracturando y se calcula que la reparación tendrá un costo cercano a los 82 millones de dólares.
Según un comunicado de la Contraloría nacional, la decisión se tomó tras solicitudes del anterior alcalde de la ciudad, Antanas Mockus; del actual, Luis Eduardo Garzón; del concejo de la urbe, y de la Red de Veedores y Veedurías Ciudadanas de Colombia
Transmilenio avanza en la construcción de otras líneas, pero las actuales operan de manera precaria por las obras en los lugares del recorrido en los que el concreto se ha fracturado.
El acelerado deterioro de las vías por las que transitan los autobuses, con capacidad de hasta 160 pasajeros, así como de las estaciones, y las dificultades operativas han desatado un debate público en el país.
