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Una investigación penal tendiente a que se ubique la responsabilidad de aquellas personas, que usan vehículos de individuos objetos de procesos judiciales exigió ante el Ministerio Público, el jurista Carlos Herrera Morán.
Entre los afectados figura el procesado Manuel De Jesús Pèrez, propietario del carro Toyota Tercel, sedan, color negro, cuatro puertas, placa única 216640, el cual se encuentra hipotecado a una empresa financiera.
Al momento de ser detenido el sindicado "se encontraba en el vehículo de su propiedad, el cual estaba en impecables y adecuadas condiciones mecánicas y de carrocería", pero el auto quedó bajo la custodia de la PTJ, con sede en Ancón.
El procesado fue remitido en base la detención preventiva al Centro Penitenciario La Joyita, lugar donde se encuentra detenido, dijo el abogado.
Tras ingentes esfuerzos ante diversas instancias del Ministerio Pùblico para ubicar el carro, este fue localizado en un taller localizado en el sector Diablo, Corregimiento de Ancón.
Pero se detectó que a este le faltaban un sinnúmero de piezas, entre las que figuraban llanta de repuestos, radio y el equipo de sonido, incluso el vidrio de la puerta trasera estaba roto lo que evidencia que el auto "fue depredado y desmantelado", dijo el denunciante.
Otro caso se registró con un carro perteneciente al ciudadano Abel Joaquín Valencia, pues el mismo estaba aprehendido en las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón, y al momento de devolverselo a la señora Oleika Rampie, "el mismo se encontraba deteriorado por el uso indebido que la habían dado agentes del DIIP" de esa entidad le hacían falta algunos accesorios, precisó el jurista.
Un tercer incidente ocurrió con el auto del ciudadano Apolinar Batista Bido, procesado por violación carnal en grado de tentativa y posesión ilícita de drogas.
Después de varios meses de búsqueda, el carro fue "localizado en una subestación de Policía, y el mismo estaba siendo usado por agentes de la fuerza pública", pese a su estado lamentable, enfatizó el denunciante. |
