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Tres militares han subido al estrado como testigos en el juicio para esclarecer el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi con declaraciones contradictorias, imprecisas y, según la defensa, hasta falsas, que pueden motivar su procesamiento.
La Fiscalía, que sindica por el crimen a un coronel, un capitán y un guardaespaldas, así como a un sacerdote y una empleada doméstica, ha puesto en la mira de sus interrogatorios a los ex agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP), una unidad de elite del Ejército sospechosa
En la jornada del viernes, el fiscal especial del caso, Lepoldo Zeissig, y los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que actúa como querellante adherida, Mynor Melgar y Mario Domingo, evidenciaron contradicciones en las versiones de los tres militares que prestaron testimonio.
Se trata del coronel Rudy Pozuelos, el mayor Francisco Escobar y el especialista Darío Morales, quienes el 26 de abril de 1998, fecha del crimen, se desempeñaban como jefe máximo, jefe de Servicios de Protección y fotógrafo del EMP.
Zeissig destacó que la audiencia fue "positiva" por las contradicciones observadas, las cuales apuntalarán la hipótesis de la Fiscalía, orientada al crimen político.
No ante, el principal abogado de la defensa, Julio Echeverría, aseguró que ninguno de los testigos presentados por la parte acusadora pudo vincular definitivamente la presencia de sus clientes en el lugar de los hechos.
Echeverría defiende al capitán Byron Lima Oliva, quien enfrenta cargos por el homicidio de Gerardi junto a su padre el coronel Byron Lima Estrada y el ex guardaespaldas presidencial Obdulio Villanueva.
También están acusados el sacerdote Mario Orantes, por asesinato, y la señora Margarita López, por encubrir el crimen. Ambos trabajaron respectivamente como auxiliar y cocinera del obispo Gerardi en la Parroquia de San Sebastián, situada a unos 300 metros de la sede oficial del Gobierno y del EMP.
El director de la ODHA, Nery Rodenas, que ha presenciado los debates a la par de Melgar y Domingo, aseguró a ACAN-EFE que el fotógrafo Darío Morales "mintió descaradamente" al negar que había tomado fotografías del cadáver y los alrededores de la escena del crimen, ubicada en la cochera de la casa parroquial de San Sebastián.
Según Rodenas, hay cerca de diez testigos, incluido él, que vieron a Morales merodear con su cámara fotográfica y tomando imágenes del lugar.
De acuerdo con testimonios anteriores, Darío Morales se había identificado como "escolta" del entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC), Angel Conte, quien también estuvo en el lugar el día de los hechos y al prestar declaración en el juicio relató que encaró al fotógrafo y le pidió que se retirara.
El miembro del EMP, testificó que había llegado a la escena del crimen hacia las 3.00 horas locales (9.00 GMT) del 27 de abril de 1998 pero Rodenas asegura que estaba ahí desde, al menos, casi dos horas antes.
Por su parte, las contradicciones de Pozuelos se produjeron en relación a la presencia de agentes del EMP, bajo su mando, en la escena del crimen, así como en la utilización de los vehículos de la institución.
La parte acusadora citó una carta del entonces ministro de la Defensa, general Héctor Barrios, que aseguraba que en la casa parroquial de San Sebastián no hubo ningún miembro del EMP el día de los hechos.
Mientras, la declaración de Escobar Blas se caracterizó por respuestas cortas en las que abundaron frases como: "No", "Sí" "No recuerdo" o "Lo ignoro".
Al concluir la primera semana de debates del juicio, abierto el pasado 23 de marzo, han comparecido a declarar ante el Tribunal Tercero de Sentencia siete peritos y diez testigos, de los 114 que han sido citados.
Una de las más sensacionales revelaciones la hizo el obispo auxiliar y vicario general de Guatemala, Mario Ríos Montt, sucesor de Juan Gerardi, al denunciar las presiones que ejerció el hermano del presidente Alvaro Arzú, Antonio.
Según el testimonio del prelado, quien también es coordinador de la ODHA, Arzú le propuso poner en libertad al sacerdote Orantes a cambio de que firmara una declaración que exculpara al Gobierno y al Ejército del crimen de Gerardi, lo cual rechazó.
El asesinato del obispo guatemalteco ocurrió dos días después de presentar el informe "Guatemala, nunca más", que documentó más de 55.000 violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada guerra civil, el 90 por ciento de las cuales atribuyó al Ejército y el 9,3 por ciento a la guerrilla. |
