La aprobación del anteproyecto de Ley No. 190, por medio del cual se expedirá nuevamente el récord policivo, lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos panameños, toda vez que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a las ofertas laborales en nuestro país, dijo la defensora del Pueblo, Mónica Pérez.
La Defensora resalta que el derecho al trabajo está dispuesto en nuestra Carta Magna y otros instrumentos nacionales e internacionales, que señalan, entre otros aspectos, que el trabajo es un derecho y un deber del individuo, "y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno desarrollo del empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa".
"Este es un ejemplo que evidencia la contrariedad del referido anteproyecto ante la Constitución Política , y de cómo se vulnera este derecho", destaca la Defensora.
Advierte que el anteproyecto excluye las políticas sociales a favor de los privados de libertad que son liberados, produciendo un estigma contra ellos y los condena a seguir incurriendo en actos delictivos, por no contar con las oportunidades que requiere cualquier persona, lo que denota la acción de violación a los derechos de igualdad y no discriminación, que rigen las normas y principios básicos de nuestras conductas.
