El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad que Panamá aplique reformas a la Caja de Seguro Social y al Código de Trabajo, así como también reducir las exenciones que contempla el sistema tributario.
El problema de los programas del Seguro Social, sobre todo el de Invalidez, Vejez y Muerte, es una bomba de tiempo que amenaza con arrastrar a la economía panameña a un abismo.
La CSS representa casi un cuarto del presupuesto del sector público y el colapso de ésta tendría repercusiones graves para el país. Así las cosas, se hace necesario que una vez pase la efervescencia electoral, se aborde el problema.
Al menos los cuatro candidatos presidenciales han reconocido la gravedad de la crisis de la institución y han aceptado la necesidad de abordar con valentía el problema, que no tendrá soluciones felices para nadie.
Los ajustes que requiere la seguridad social representarán sacrificios tanto para el sector obrero como para los empresarios. Las opciones de una u otra forma pasan por un aumento de cuotas o de años de cotización.
De todas formas, el Seguro Social requiere reformas profundas y no cosméticas, que sólo sirven para emparchar en vez de curar la enfermedad financiera que sufre la entidad.
Respecto al Código de Trabajo, el Fondo Monetario Internacional con una candidez que mueve a risa propone que se introduzcan ajustes por medio del consenso. Este tipo de opciones son casi imposibles en Panamá. En cada ajuste a la legislación laboral que se ha introducido en el país, surgen movimientos de protestas, que ya han dejado su saldo de muertos.
Aún así es una realidad el alto nivel del desempleo y habría que explorar fórmulas para atraer nuevas empresas.