Hemos encontrado elementos comunes en tres mujeres cuya actividad a favor de la justicia, la democracia y los derechos humanos, se manifiesta a través de diversos canales. Angélica Maytín, Maribel Cuervo de Paredes y Magaly Castillo son representantes competentes del nuevo concepto en que se fundamenta la sociedad civil. Cada una representa un papel de relevancia en su ámbito de acción. Cuervo de Paredes, por ejemplo, cimentó y dio relevancia al planteamiento de una asamblea constituyente para reformar nuestra Carta Magna.
Por su parte, Maytín ha dado orden y sentido a la lucha contra la corrupción, en abono de la transparencia en la administración pública y Castillo lidera, junto a su organización, la lucha para estimular el desarrollo institucional de la justicia.
Estas tres mujeres se han encontrado con una clase política incapaz de superar arcaicos esquemas, acostumbrada a abordar a la ola creada en su recorrido por la opinión pública, para llevar a través de sus canales
partidistas, agua a su molino electoral, siempre como resultado de la actividad de grupos cívicos y patrióticos.
Nos vienen a la memoria las palabras del ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien decía que las sociedades occidentales tenían su correlación de fuerzas en los grupos de presión (gremios de trabajadores y empresariales), de interés social (clubes cívicos y otras organizaciones) y los partidos políticos. Sin embargo, el político costarricense no visualizó el proceso de fosilización de algunos de estos colectivos y cómo serían superados por otro tipo de asociaciones.
En este sentido, la Sociedad Civil es un nuevo camino ante la decadencia de los partidos políticos y los gremios tradicionales. Ella obliga a las clases medias a convertirse en conductora de las fuerzas y energías de la población. Empero, debemos reconocer que el PRD ha sido capaz de desarrollar una democracia interna y por eso cuenta con un universo diversificado de adherentes.
En nuestro concepto, Magaly Castillo no acudió al llamado de la oposición cuando pidió un cambio radical en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia y prefirió incorporarse a la comisión creada luego de la firma del Pacto de Estado por la Justicia. Castillo demostró ser consciente de la posibilidad de hacer ley del resultado de las reformas a la Constitución, que fue la definición de la forma de escoger a los altos jueces. Con ello se eliminaría la responsabilidad del Ejecutivo de elegir a quienes ocupen estos cargo para dejarla en manos de una junta de notables.
La dirigente cívica no es afectada por la virulencia política y por eso sus planteamientos son abonados por la objetividad y su actitud logra emplazar al gobierno a conducirse por el camino correcto a favor de la ciudadanía.
Igual acto de responsabilidad obliga a la Iglesia Católica y al Colegio Nacional de Abogados, que junto a las demás corporaciones gubernamentales, tienen la oportunidad de crear una legislación moderna y no una momentánea improvisación.
La formación de una comisión de carácter estatal tiene la virtud de no congelar ningún proceso en la Asamblea Nacional de Diputados y frena la emotividad de los discursos para permitir la elaboración de las normas que deberán regir a la sociedad panameña.
