Una querella constitucional fue presentada ante el Ministerio Público por el abogado Javier Enrique Justiniani, presidente de la Fundación para Apoyo al Detenido.
La acción surgió por el supuesto incumplimiento del Estado panameño a la Constitución Política de la República de Panamá respecto a las reglas mínimas sobre tratamiento de los reclusos aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de Panamá, las autoridades están constituidas para asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.
No obstante, "nuestro sistema penitenciario adolece de múltiples fallas que recaen-por las pésimas condiciones de los centros penales-en una violación flagrante a normas de carácter internacional y de nuestra Carta Magna, así como de nuestro ordenamiento jurídico. La primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad", según el querellante.
