El diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, afirmó que el avance en las investigaciones del segmento del caso CEMIS, vinculado a un supuesto soborno para la ratificación de dos magistrados (Winston Spadafora y Alberto Cigarruista), depende exclusivamente del envío del expediente a la Secretaría General de la Asamblea por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Mientras la Asamblea no reciba el expediente que tiene que ver con los magistrados de la Corte, porque hay que ser claros, la Asamblea no va a ver el tema del CEMIS.. entonces no podemos darle ningún trámite", agregó.
Varela afirmó que los diputados harán el trabajo que tengan que hacer. "Yo no puedo hacer nada hasta que este tema no llegue a la Secretaría General de la Asamblea", reiteró.
El procedimiento parlamentario se iniciaría con el envío de dicho expediente a la Comisión de Credenciales, que determinará los méritos legales para recomendar o no al pleno de 71 diputados declararse en sesiones judiciales.
Estos recursos a los que se refiere Varela son los presentados por el abogado Víctor Almengor el 11 de enero, en representación del ex legislador Mateo Castillero, quien pidió una reconsideración en contra de la resolución en la que la Corte ordena que el Ministerio Público continúe las investigaciones por el caso de sobornos para la aprobación del contrato ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, para la construcción del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).
Corresponde al magistrado Oydén Ortega resolver el recurso. Con este recurso, ya son 8 los presentados por Almengor por este mismo caso, entre los que están: incidentes de nulidad, solicitudes de fianza y recusación.
Sobre esta parte del proceso, trascendió que el magistrado Ortega elaboró un proyecto de fallo sobre la reconsideración presentada por el abogado Almengor.
Además, se conoció que en la parte del expediente a investigar por la Corte, que corresponde a los diputados en ejercicio, será el magistrado Ortega quien actuará como fiscal.
Mientras, la Asamblea Nacional de Diputados analizará los expedientes seguidos a los magistrados Spadafora y Cigarruista. Por su parte, le corresponderá al Ministerio Público realizar las averiguaciones en el caso de los particulares o ex legisladores.
Cabe destacar que el pasado 22 de julio, el pleno de la Corte ordenó la reapertura del CEMIS, cuyo archivo había ordenado esa misma corporación el pasado 17 de septiembre de 2003.
El caso CEMIS estalló el 16 de enero de 2002, cuando el legislador Carlos Afú, mostrando fajos de dinero, denunció que se habían pagado $20 mil a los miembros de la Asamblea por el contrato del CEMIS, un proyecto que pretendía desarrollar terrenos en France Field como una especie de extensión de la Zona Libre de Colón.
