Con la sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli del proyecto de reforma al Código Minero, quedó abierta la puerta para que capital foráneo dirigido a la explotación de la contaminante minería a cielo abierto invada la vida de un país que tiene en su naturaleza incomparable y rica biodiversidad a dos de sus más preciados tesoros.
La cuestionada ley da luz verde para que las solicitudes de exploración y explotación de los recursos se cristalicen de manera más rápida, y en momentos en que Gobiernos extranjeros esperan poder participar en empresas que desarrollen la minería a mayor escala.
El país ha quedado en un estado de vulnerabilidad e indefensión, en desventaja respecto a otras naciones que impondrán sus intereses económicos frente a la conservación de los recursos naturales de Panamá.
El desarrollo de la minería a cielo abierto afectará la agricultura y la ganadería, y la calidad de un recurso vital como el agua, en un territorio con ricos recursos hídricos, pero con un clima lluvioso, y suelos erosionables, propensos a deslizamientos e inundaciones.
Es de esperarse que con el mayor impulso a la minería cambien radicalmente el escenario y el paisaje en Panamá porque va a haber una mayor cantidad de ríos sedimentados y contaminados, al igual que de personas enfermas, con problemas de cáncer, respiratorios, en la piel y otros, a causa de la contaminación por los químicos utilizados para la minería.
Nuestros hijos van a tener en este escenario menos alternativas para vivir con calidad y desarrollarse. Ante la falta de oportunidades es previsible que se lleguen a instalar nuevos asentamientos humanos en áreas no viables y que haya una mayor demanda de servicios.
Panamá podría llegar a tener la necesidad de importar agua o alimentos en mayor volumen, con los cuales el costo de vida se va a incrementar significativamente.
La pregunta es quién va a proteger a los ciudadanos ante los problemas que atraerá la minería de metales a cielo abierto, y que garantía habrá de que no se violen los derechos civiles de quienes denuncien los delitos ecológicos producidos por las muchas exploraciones en el país.
Estamos de luto, pero no claudicaremos en los esfuerzos por defender nuestros valiosos recursos naturales y la calidad de vida de nuestra gente.
