En un compás de espera se encuentra una controversial legal entre directivos de un un consorcio francés y su contraparte local, ligados a una pugna por la construcción y administración de una terminal de transporte en la provincia de Colón.
La Sala Cuarta de Negocios Generales analiza una petición formulada por el Procurador de la Administración, Oscar Ceville, quien solicitó que se declarase nula el supuesto pago de unos 32 millones de dólares al consorcio francés Ferdinand Lesseps, luego que el ex Director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Pablo Quintero Luna los desposeyera de la concesión para la construcción y administración de una terminal de transporte en la provincia de Colón.
La misma fue otorgada el 10 de junio del 2002, pero la ATTT mediante resolución No. 1425, suscrita por Quintero Luna deja sin efecto esa resolución sin argumentos válidos, lo que motivó la presentación de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por parte de los franceses.
Sin esperar el fallo de la Corte, el 24 de diciembre de 2003, Quintero Luna abjudicó el proyecto a la empresa Gran Terminal de Transporte Centenario de los señores Gassam Salama y Gilberto Soto, a pesar de la existencia de una opinión de la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro De Fletcher y un escrito del entonces Viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez-Presidente de la junta Directiva de la ATTT al momento de presentarse el recurso ante la Corte.
El tribunal arbitral Cescon determinó que la ATTT incumplió con el convenio suscrito con el consorcio francés y otorgara a la empresa Gran Terminal de Transporte Centenario S: A., que tenía como parte de su Junta Directiva al ex Gobernador, Gassam Salama.
