La empresa Río Bueno -la misma que estaba filmando películas pornos en Veracruz- había consultado en junio del 2004 sobre los requisitos para producir ese tipo de film, pero el 25 de agosto de ese mismo año, la Junta Nacional de Censura recomendó no autorizar ese tipo de actividades en Panamá.
El Ministerio de Gobierno afirmó que la consulta la elevó el estadounidense Frederick Salaff, pero nunca se le aprobó esa solicitud.
Salaff realizó una consulta a la Dirección Nacional de Medios de Comunicación para saber los requisitos para filmar estas películas, y la respuesta fue que "es función de la Junta Nacional de Censura estimular la conservación de la moral pública, y la exhibición de ese material es prohibida, por consiguiente no debe permitirse la producción del mismo".
Actualmente, varios extranjeros -quienes presuntamente participan en las actividades de la empresa Río Bueno- permanecen detenidos a órdenes de la PTJ.
"Crítica" conoció que aparte de Salaff, entre los detenidos figuran una italiana de nombre Stephen; un checo conocido como Elicek, un alemán al que llaman Jorg, un francés de nombre Dambrine, una checa a la que llaman Eliska, otro francés apodado Sebastien y otro checo de nombre Patrick.
LA DEFENSA
Por su parte, el abogado Eugenio Morrice, quien representa a siete de los detenidos, dijo que la residencia en Veracruz, era propiedad privada, que tenía un muro bastante alto y carpas para tapar los lugares más accesibles.
El abogado agregó que en ocasiones, esa residencia fue custodiada por guardias de seguridad privados, para evitar que personas ajenas a la casa se acercaran al lugar.
Agregó que en ocasiones, el norteamericano Salaff reportó a la Policía la presencia de extraños en los alrededores.
Morrice espera la respuesta de un hábeas corpus presentado a favor de sus representados, recurso que interpuso el domingo mismo día de la detención.
El expediente fue enviado a la Fiscalía Auxiliar de la República, sobre este hecho, el fiscal Luis Martínez manifestó que evaluará la investigación preliminar para determinar si hay pruebas de una conducta delictiva y si los detenidos están vinculados al hecho.
Se investigan si en la filmación hubo participación de menores de edad.
La PTJ abrió dos expedientes: uno por corrupción de menores y otro de manera genérica por el delito contra el pudor y la libertad sexual.
