La Corte Suprema estableció un plazo de seis meses para que los jueces que investigan más de 300 casos de violaciones a los derechos humanos cierren los sumarios, medida que diputados oficialistas consideran una virtual ley de "punto final".
La disposición judicial se sumó a la decisión del gobierno de legislar para que esos procesos por violaciones a los derechos humanos sean traspasados desde el sistema judicial antiguo a uno nuevo que regirá en el Gran Santiago desde junio.
El presidente Ricardo Lagos, de visita en Alemania, calificó la medida como "un acuerdo muy positivo".
El acuerdo del pleno de la Corte Suprema busca agilizar más de 300 procesos que involucran a unos 160 militares, la mayoría jubilados, en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El gobierno insistió en su idea de impulsar un proyecto que permita trasladar del viejo al nuevo sistema judicial los juicios pendientes y aseveró que no es una ``ley de punto final''.
El vicepresidente José Miguel Insulza declaró que el objetivo es agilizar 130.000 juicios pendientes, de los cuales sólo el 5% se relacionan con violaciones a los derechos humanos.
