El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José A. Troyano, considera inconveniente "que funcionarios administrativos tengan la potestad de instruir sumarios, decretar medidas cautelares privativas de la libertad personal y juzgar", posibilidad que se desprende de la pena mínima de dos años de arresto.
Los señalamientos del alto funcionario judicial forman parte de una carta pública dirigida al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson, donde le comunica la posición de esa entidad con relación a algunos aspectos del proyecto de reformas fiscales que se discute en el parlamento.
"El proyecto entraña en materia penal un retroceso para la tutela de las libertades públicas", manifestó Troyano.
"No es aconsejable que dicten condenas privativas de la libertad personal por plazos hasta de cinco años", indicó el letrado.
