Al parecer, una solicitud de reapertura para investigaciones respecto al escandaloso caso de supuestos sobornos para aprobar el proyecto CEMIS sigue durmiendo el sueño de los justos, a juicio de varias fuentes consultadas.
El 3 de marzo del presente año, Rigoberto González Montenegro, Secretario General del Ministerio Público, en compañía de varios colaboradores asistió a la Corte Suprema de Justicia para pedir formal reapertura del controversial caso que removió los cimientos políticos del país hace tres años y medio.
González llevó un documento suscrito por la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, donde señalaba en parte "que se declare la nulidad de la resolución de 22 de febrero de 2002 emitida por el entonces Procurador General de la Nación, por la que dispuso la acumulación de los sumarios iniciados a raíz de las declaraciones expresadas por el HL Carlos Afú Decerega -hoy diputado-, en el sentido de haber recibido dinero para la ratificación del Centro Multimodal de Colón, y por la ratificación de los dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
Gómez pidió en el documento, que le comisione "como agente de instrucción de las respectivas investigaciones".
De conformidad con el numeral 3 del artículo 206 de la Constitución Política, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia "investigar y procesar a los diputados", para lo cual el Pleno deberá comisionar a un agente de instrucción.
Como quiera que en las denuncias públicas participaron supuestamente varios legisladores, hoy diputados y como quiera que "existe una real probabilidad que durante el curso de la investigación sea necesario investigar a diputados actuales de la Asamblea Nacional, entre estos, al diputado Carlos Agustín Afú Decerega, se requiere, en la norma constitucional citada, la autorización del Tribunal de Justicia.
