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El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en tercer debate el polémico proyecto que adopta medidas para el fomento y desarrollo de la industria en Panamá.
La aplicación de la ley de fomento abarca las empresas industriales, de manufactura, agroindustrias, y de transformación de recursos marinos; incluyendo la micro, pequeña y mediana empresa establecidas en la República de Panamá.
Con esta ley de protección al sector industrial se crea el Certificado de Fomento Industrial (CFI), un documento nominativo no negociable. Este certificado confiere a su titular el derecho de aplicarlo a pago de impuestos, tasas y contribuciones nacionales propios.
Este proyecto de ley con su CFI establece otros incentivos tributarios como regímenes de arrastre de pérdidas y depreciaciones, exenciones de los impuestos de importación sobre materias primas e insumos que se utilicen para la producción.
INDICADOR ECONOMICO
Según el viceministro de Economía, Publio Cortés, unas 1,700 empresas podrían acogerse a los beneficios fiscales que concede el proyecto de fomento a la industria.
Cortés expresó que con la legislación actual en beneficio del sector industrial, el Estado asume un sacrificio fiscal anual de aproximadamente B/.41.9 millones, sin embargo, destacó que con la aprobación de esta nueva norma de fomento industrial el sacrificio fiscal disminuiría a B/.33.7 millones. |
