Para evitar un veto (rechazo) presidencial, la bancada de diputados del PRD en la Asamblea decidió en las postrimerías del 2008 posponer hasta el mes de marzo la aprobación del proyecto de ley que busca reconocer los derechos posesorios y autoriza la adjudicación de títulos de propiedad en territorios insulares y zonas costeras.
Mientras este plazo de dos meses de discusión se cumple, el diputado Abraham Martínez propuso la inclusión de varias modificaciones sensitivas que evitaría que empresarios y personas jurídicas saquen provecho de la aprobación de esta ley de carácter social.
La primera recomendación permitiría a la persona natural el reclamo del título de propiedad de forma gratuita hasta mil metros cuadrados, pero a partir de los mil metros hasta una hectárea estaría vigente el beneficio de $6 que habla la reforma agraria, mientras que el terreno restante sería sometido a un avalúo catastral por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría.
En promedio, una familia que habita un poblado en terreno insular posee un máximo de 200 metros cuadrados.
Otra reforma de Martínez guarda relación con la negación que el derecho posesorio para la titulación en islas y costas sea reclamado por persona jurídica. El presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda Pública, Pedro Miguel González, confirmó que este gobierno va a dejar resuelto el problema de la titulación de tierras en las islas y costas del país.
El parlamentario explicó que en el tema no existe ningún tipo de negociado e intereses ocultos, por lo que se introducirán las reformas que sean necesarias para hacer del proyecto una iniciativa totalmente viable.