El defensor del Pueblo, Juan Tejada, reiteró que todos los funcionarios públicos de jerarquía están obligados por la Constitución y la Ley a presentar ante Notario Público su declaración jurada patrimonial.
Tejada informó que su despacho ordenó una investigación preliminar que determinó "un bajo nivel de cumplimiento" de esta norma constitucional. "En nuestras oficinas, tenemos información que constatan que sólo 94 funcionarios entrantes y salientes han concurrido a presentar su respectiva declaración", dijo.
El Defensor consideró de "conveniente" que la Contraloría intervenga en el cumplimiento de la norma, ya que desde 1999 mediante la Ley 59 existe el mandato constitucional de declarar el patrimonio y se establecen los parámetros y los medios coercitivos para exigir esta obligación.
La Defensoría del Pueblo ha estado vigilante en atender que las previsiones constitucionales y legales sean objeto de especial cumplimiento y lograr los esfuerzos para levantar el velo del secreto sobre la planilla estatal, los contratos por servicios profesionales y las partidas discrecionales.
