Piden nulidad de acuerdo municipal que permite venta de 7.2 hectáreas

Yodalis Bethancourt
Panamá Oeste - EPASA

Una demanda de nulidad fue presentada ente la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo municipal No. 36 del 29 de diciembre de 1998, por el cual el Consejo Municipal de La Chorrera da en venta un globo de terreno de 7.2 hectáreas, ubicado en Playa Leona a B/. 1.00 el metro cuadrado.

La demanda según el representante, Luis Domínguez, fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia a través del abogado Carlos Moorse.

Agregó que lo que se busca con ésta demanda es que la corte suprema se pronuncie declarando nulo el acuerdo municipal por medio del cual se autoriza al alcalde, para la venta de las 7.2 hectáreas de terreno.

La demanda está fundamentada en que no se cumplió con el requisito de licitación pública, cayendo en la ilegalidad, indicó el representante Domínguez.

Agregó que luego de éste paso se correrá traslado de la demanda al presidente del Concejo, Arnulfo Montero, quien tendrá un período específico para contestar.

También se le está pidiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que suspendan los efectos del acuerdo de manera inmediata para evitar mayores consecuencias sobre la venta del globo de terreno, mientras ese acuerdo esté vigente.

Asimismo, señaló el edil chorrerano, que no se puede perder de vista el hecho que la Contraloría General de la República, suspendió los trámites de venta y se han designado a dos auditores para que evalúen los terrenos de Playa Leona que son objeto de la venta que pretende realizar el Municipio de La Chorrera.

Mediante el acuerdo No. 36, aprobado por 13 de los 18 representantes del consejo chorrerano, se autorizaba al alcalde, a la ingeniera municipal y a la tesorera, para que cumplieran con todos los trámites correspondientes para la adjudicación en venta a título de propiedad del globo de terreno a la empresa Inmobiliaria "Bronco, S.A." para desarrollo residencial, industrial y comercial.


 

 

 





 

La demanda está fundamentada en que no se cumplió con el requisito de licitación pública, cayendo en la ilegalidad, indicó el representante Domínguez.

 

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