Chile deplora violaciones de derechos,
pero quiere a Pinochet libre
Londres
AP
Los abogados que representan
a Chile informaron al tribunal de la Cámara de los Lores que el gobierno
chileno deplora las ``graves violaciones de los derechos humanos'' cometidos
durante el régimen del general Augusto Pinochet, aunque no obstante
desea verle libre para que regrese a su país.
``El propósito no es defender los actos del senador Pinochet
cuando era jefe de estado, sino defender la soberanía internacional
de Chile y afirmar su propio interés en que estos asuntos sean atendidos
en Chile'', dijo el abogado Lawrence Collins.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre en Londres a pedido de un juez
español que desea extraditarlo por haber ordenado torturas, secuestros
y muertes durante su gobierno de 17 años.
El juez español Baltasar Garzón arguye que había
ciudadanos españoles entre los muertos cuando Pinochet derrocó
al presidente marxista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Tras
la detención de Pinochet, el juez Garzón modificó su
orden de captura para incluir cargos de que el general ordenó la
detención y tortura de un grupo de infantes de marina chilenos en
agosto de 1973.
Un informe oficial chileno dice que 3.197 personas murieron o desaparecieron
estando en manos de la policía secreta chilena luego que Pinochet
se apoderara del gobierno.
Ayer se completó la segunda semana de un procedimiento por el
que la Cámara de los Lores procura determinar si el octogenario general
Pinochet, que se hizo designar senador vitalicio al entregar el poder en
1990, goza de inmunidad soberana ante tribunales extranjeros por su condición
de ex jefe de estado.
Los letrados de Pinochet, que concluyeron ayer sus alegatos, dijeron
a los siete jueces que el anciano militar goza de inmunidad absoluta por
sus actos durante los 17 años que estuvo en el poder y mientras planeaba
el golpe de estado. También arguyeron que ``aún actos tan
viles como la tortura y a toma de rehenes son reconocidos por los estados''
como amparados por la protección de inmunidad.
Abogados de España y de grupos defensores de los derechos humanos,
que presentaron sus alegatos la semana pasada, se aferran al derecho internacional
que según ellos hacen de la tortura un crimen internacional por el
que nadie puede pedir inmunidad.
También arguyeron que todas las leyes que firmaron la ley internacional,
incluso Gran Bretaña, España y Chile, tienen no solamente
el derecho sino el deber de procesar a funcionarios acusados de tortura.
Clive Nicholls, abogado de Pinochet, dijo a los jueces ayer que la ley
no puede aplicarse a actos que tuvieron lugar antes que se adoptara la ley
en 1988, lo que significa que la mayor parte de las acusaciones inclusas
en el auto de detención español ``se desvanecen'' al exponerse
a esa circunstancia.
La audiencia ante los siete jueces de la Cámara de los Lores
concluirá la semana que viene. Si su fallo es adverso a Pinochet,
éste podría pasar meses, tal vez años, combatiendo
la extradición a España.
Pero si el fallo confirma el dictamen de otro tribunal de los Lores
que el 25 de noviembre reconoció la inmunidad soberana del ex general,
podrá regresar a Chile, donde es improbable que sea procesado porque
existe una ley de amnistía dictada por él mismo antes de transferir
el poder en 1990.
|
