Una de las razones por la cual muchos funcionarios públicos pierden credibilidad ante la sociedad es debido a que prefieren prestar atención a lo que dicen sus asesores, antes que al pueblo.
En Panamá, el caso de la intoxicación por medicamentos contaminados y el empeoramiento de la crisis del transporte público son dignos ejemplos de lo que un alto funcionario estatal nunca debe hacer.
El detonante provocado por la muerte de más de 50 panameños, a manos de una irresponsable acción de un suplidor de insumos médicos, demostró que las autoridades de salud jamás prestaron atención a las contantes denuncias de la comunidad ante las irregularidades que de allí surgían.
También el caso del relajo en el transporte público, debido a la conducta desordenada de los conductores al manejar como "alma que lleva el Diablo" por las avenidas de este país, junto con otras situaciones, evidenció que la Autoridad del Tránsito (ATTT) nunca se interesó en poner regulación a los transportistas.
La cruel muerte de 18 personas que fallecieron calcinadas el pasado 23 de octubre evidenció igualmente la negligencia de la ATTT con hacerce de la vista gorda y no multar a los buseros.
Pero saben estimados lectores, la culpa la tienen tanto el jefe de estas entidades como sus asesores, que suelen aconsejar a la cabeza principal de la institución.
Si yo fuera director, ministro o presidente, tengo la obligación de verificar todas las opiniones y considerar la amalgama de situaciones que enfrenta un cargo público.
Siempre habrá un mal consejero que busca defender sus propios intereses.
Al final, cuando la historia evalúe la gestión del funcionario, la gente recordará no al subalterno, sino al mandatario que decidió mantener su postura fría e indolente ante las crisis que vivió en su Gobierno.
