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Apresan a congresista peruano relacionado con la fuga de Montesinos
Lima
AFP
El congresista peruano Antonio Palomo ingresó la madrugada del martes a una carceleta del Ministerio Público luego de que el Congreso le quitara la víspera su inmunidad parlamentaria, para que sea investigado como sospechoso de ayudar a huir a un empresario vinculado a la fuga del ex jefe del servicio secreto Vladimiro Montesinos. Palomo, cubierto con una manta, fue trasladadado a la carceleta a las 05h30 locales (10h30 GMT) desde la sede del Parlamento, donde estaba retenido tras su detención el fin de semana en Zarumilla (frontera con Ecuador), donde -según Otto Egúsquiza, abogado del congresista- está ya el empresario, José Lizier. Este es dueño de un velero en el que Montesinos se fugó de Perú el 29 de octubre pasado hacia las islas Galápagos.Luego fue a Costa Rica y, según el Gobierno de ese país, continuó hacia Aruba.Actualmente, quien fue la mano derecha del ex presidente Alberto Fujimori está en paradero desconocido. Según el procedimiento judicial, las autoridades del Ministerio Público deberán decidir en las próximas horas si presentan denuncia penal contra Palomo.De ser denunciado, el poder judicial definirá si dicta orden de arresto definitivo o sólo de comparecencia. Con el voto mayoritario, la Comisión Permanente del Congreso aceptó en la noche del lunes el pedido del propio Palomo para que se le levantara la inmunidad parlamentaria y se le investigue por el delito contra la fe pública. El legislador negó la versión según la cual estuvo tramitando un salvoconducto a favor del empresario José Lizier para que éste pueda transitar libremente por territorio ecuatoriano.Dijo que su intención era trasladarse a Ecuador para tomar testimonio a Lizier. En tanto, el jefe policial del puesto fronterizo de Zarumilla y otros siete miembros de esa dotación fueron detenidos la víspera al comprobarse la pérdida de la libreta electoral (documento de identificación) de Lizier. Esta la presentó Palomo al tramitarle el salvoconducto, lo que es consierado una irresponsabilidad penal, al no existir la prueba documental para acusar al congresista.
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