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Los bancos de diversos países latinoamericanos han enfrentado crisis que nacieron de problemas propios, así como también por deficiencias institucionales y de supervisión.
Las crisis se superaron y los problemas que las causaron fueron corregidos, lo que ayudó a configurar sistemas bancarios cada vez más sólidos, transparentes y abiertos a la competencia e inclinados a una rápida modernización. Pero, en los últimos 20 años, han surgido nuevas crisis de significativa complejidad, cuyos orígenes han estado mayoritariamente en factores fuera del sector bancario, por ser el resultado o estar influidas en su configuración por erradas e ineficaces políticas macroeconómicas.
En los recientes casos de crisis en Latinoamérica se observa que las políticas monetaria, cambiaria y fiscal han tenido papeles protagónicos y determinantes en ellas, que por su profundidad y magnitud hicieron sucumbir la efectiva mejoría de la supervisión y el trabajo de los bancos de acuerdo a parámetros financieros generalmente aceptables.
Estas crisis afectaron adversamente la solvencia de los bancos, sus flujos de liquidez y socavaron, en casos, su credibilidad y la confianza del público y lamentablemente, se tendió a imputarlas a los bancos aun cuando su origen estuvo en erradas políticas macroeconómicas.
En los últimos años también se han observado presiones sobre el sector bancario por parte de gobiernos para financiar sus déficit o entrar en programas de crédito subsidiados que carecen de adecuadas garantías de recuperación de los recursos, con lo que se vulnera los esfuerzos de sana y prudente gestión financiera, en resguardo de los depósitos del público y del sistema de pagos del país.
En la búsqueda de un responsable de las crisis, un análisis simplista ha enfatizado la responsabilidad en los bancos, olvidando que el dinero que ellos administran le pertenece a los depositantes y que su fiel resguardo depende fundamentalmente del respeto de las reglas del juego o institucionalidad que sustenta y rige el sistema.
Este enfoque ha propiciado una percepción errada de la misión y contribución determinante de la gestión bancaria en el desarrollo de los países, la cual requiere ser rescatada y recibir su debida relevancia.
DADO ESTOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDO:
Que la banca administra el sistema de pagos y canaliza el proceso de ahorro e inversión, y que su fortaleza, profundidad y capacidad de apoyo al progreso socioeconómico de los países depende fundamentalmente del grado de confianza y credibilidad que logra en el público. Que la gestión bancaria requiere de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica e igualmente un marco regulatorio de supervisión pública adecuado. Que la asignación eficiente de los recursos financieros, es condición fundamental y determinante para fomentar la inversión, fuente generadora de empleos y riqueza, factores que potencian el progreso socioeconómico de los pueblos. Que el nuevo orden internacional, caracterizado por la globalización, ha abierto los mercados financieros, facilitado los movimientos de capitales y estimulado acuerdos regionales y tratados de libre comercio, lo que ha generado una competencia sin fronteras, transformado el entorno del negocio bancario e interrelacionándolo a nivel mundial. Que la transformación del entorno bancario demanda una continua renovación tecnológica, la creación de nuevos productos, procesos y formas de servicios, la sistemática inversión en capital humano para mantenerlo actualizado con los últimos desarrollos del pensamiento financiero; así como, elevar la calidad de la supervisión, en sintonía con el rápido desarrollo y evolución de la banca, para estimular la competitividad y aprovechar las oportunidades de expansión frente a la competencia mundial.
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