Los dueños de autobuses afiliados a la Cámara Nacional del Transporte han amenazado con suspender el servicios de autobuses, cuando el Ejecutivo presente a la Asamblea Nacional de Diputados, el proyecto que reforma la legislación que rige al sector.
Ojalá que las autoridades no cedan ante la presión y de una vez por todas se entre en el fondo del problema del transporte. Con una opinión pública que reclama ajustes profundos al sistema, sería tonto dejar pasar la oportunidad.
Ningún grupo puede pretender mantener por siempre inalterable las leyes que los rigen, porque al final lo que importa es la colectividad y no los intereses particulares. Al mismo tiempo se hace necesario que los diputados-transportistas entiendan eso y sepan que su obligación es legislar a favor de la sociedad.
También existe una realidad, el proyecto aprobado por el Ejecutivo y que será presentado a la Asamblea no es gran cosa. Salvo la eliminación de los "pavos" o secretarios, agilizar el proceso para la eliminación de los cupos y un aumento leve en las penas de prisión en caso de accidentes fatales, la iniciativa no incluye nada novedoso.
Al mismo tiempo existe una realidad: de nada sirve la mejor Ley del Transporte si ninguna de las partes cumple.
En el fondo persiste el deficiente sistema de transporte que se complica con la falta de nuevas avenidas que hacen prolongar por más de dos horas la llegada a los destinos.
El área metropolitana requiere un transporte público eficiente, rápido, pero seguro y económico. Ojalá que aparte de las reformas cosméticas que se pretenden introducir a la legislación del transporte, lo acompañe un cambio al sistema, pero no con soluciones de tres años, donde el Estado invierte millones de dólares y luego los vehículos quedan tirados en los cementerios de chatarras.