Hace casi un año, pero la tragedia no se ha borrado de los corazones de varias familias, y la estupefacción se quedó grabada en los rostros de testigos.
Tres niños murieron el 14 de diciembre del año 2003, enterrados al derrumbarse parte del muro del Corredor Sur, distrito de San Miguelito.
Eduardo Alejandro Moreno Santos, Maikol González González y Félix Isaac Córdoba Rueda, corrieron la misma suerte por irresponsabilidad humana.
Los parientes decidieron ponerle un alto a los mejicanos de PYCSA y buscaron los servicios profesionales del letrado Víctor Orobio, para interponer las correspondientes quejas civiles y penales.
¿QUE HA PASADO CON ESE CASO?
El mismo reposa en la Fiscalía Superior Especial, y otra parte del proceso se encuentra en los tribunales de justicia.
"El proceso se dividió en dos partes: una de reclamación a la empresa constructora concesionaria PYCSA S. A., y esa parte fue cubierta bajo la responsabilidad de los seguros que cubrían la responsabilidad de esa compañía", advirtió Orobio.
Pero el asunto es que "allí habían dos responsables; por un lado, la constructora y el Estado panameño que solidariamente eran responsables de las consecuencias que ocurrían producto de construcción, de tal manera que al llegar a un acuerdo con la constructora nosotros procedimos a demandar al Estado para que responda por la parte solidaria que se derivó de prestar un servicio defectuoso", dijo.
"El Estado asumió la obligación de supervisar, inspeccionar la obra y notificarle a la concesionaria de cualquier anomalía encontrada dentro de sus supervisión a efecto de prevenir daños a terceros", agregó.
Además, la "reforma que se hizo a la Ley del Ministerio de Obras Públicas que reorganizó esta institución, le asignó por Ley a esta institución, supervisar todas las obras viales ejecutadas por contratistas o promotores, de allí nace entonces la obligación del Estado porque éste presta un servicio público y el mismo debe ser eficiente.
"Si como consecuencia a la prestación de ese servicio, por ser no eficiente se produce un daño que afecta derechos de terceros, entonces ese servicio público es defectuoso y allí entonces se enmarca dentro del artículo 97 del Código Judicial, que en sus numerales 8, 9 y 10 precisa que la Ley responsabiliza al Estado a responder por los daños producto de una prestación mala del servicio público", precisó.
"La demanda está en manos del Magistrado Adán Arnulfo Arjona, que es el ponente", y se encuentra en revisión.
Se espera que la próxima semana haya respuestas, pero el pleito a nivel de la Fiscalía Superior Especial ya prescribió", expresó Orobio.
En este caso se presentaron demandas; una fue de carácter civil para que se condene a la empresa PYCSA por seis millones de balboas y se indemnice a los familiares de los tres niños muertos tras derrumbarse parte del muro del Corredor Sur.
LA TRAGEDIA
El domingo 14 de diciembre de 2003 fallecieron los menores Eduardo Alejandro Moreno Santos, Maikol Xavier González González y Félix Isaac Córdoba Rueda, como consecuencia de los impactos "recibidos por múltiples objetos contundentes, tierra y materiales provenientes de la estructura de sustento superior del puente en construcción, quedando sepultados en la parte inferior del referido puente" ubicado en Tinajitas, San Miguelito.
Los pequeños perdieron sus incipientes vidas de manera inmediata, precisó parte del documento presentado por el letrado.
Por otro lado, el protocolo de necropsia del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, reveló que Maikol González González falleció a causa de "fractura extensa de cráneo, hemorragia intra cerebral y asfixia mecánica, traumas éstos causados por objetos y la compresión de la tierra sobre sus frágiles cuerpos, objetos y tierras desprendidos del puente en construcción bajo la responsabilidad de PYCSA PANAMA S.A.".
"Existen claras evidencias de que la empresa constructora desatendió recomendaciones técnicas propias del tipo de construcción, además de advertencias formuladas por instituciones públicas y privadas", tales como SINAPROC, SPIA y la Defensoría del Pueblo, y "la Ley de contratación con el Estado, quienes al igual que los moradores advertían y pronosticaban porque así lo sentían, la posibilidad de una tragedia que cobraría vidas inocentes, como en efecto cobró", precisó.
