El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 24 de la Ley de Transparencia, aduciendo que el mismo viola la seguridad jurídica y genera efectos retroactivos de graves consecuencias para el sector eléctrico y para la economía del país.
El ERSP solicita que se suspenda el trámite de amparo de garantías fundamentales presentado el 5 de julio pasado por el Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada contra la resolución que autorizó el último aumento de las tarifas de electricidad, tras considerar que no se cumplió con la ley de Transparencia que exige la participación de la ciudadanía en esta decisión.
En tanto, el Defensor del Pueblo, calificó de "nefasta" e "inconsistente" la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el ERSP al artículo 24 de la Ley de Transparencia.
Sostuvo que la acción del Ente va en contravía de la tendencia a abrir espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten los derechos y en la fiscalización del uso de los recursos estatales.
Tejada Espino reiteró que el Estado debe revisar los contratos de concesión de los servicios públicos que fueron privatizados, toda vez que aún no se ha alcanzado una de las supuestas ventajas de la privatización del servicio eléctrico: mejor servicio a bajos costos.