El Ente Regulador de los Servicios Públicos se creó mediante a la Ley 26 de 1996, como paso subsiguiente a la privatización de las empresas estatales de energía y telecomunicación, con criterios orientados a garantizar la seguridad jurídica y la competencia como mecanismo de regulación de estos mercados.
Sin embargo, al leer la mencionada ley percibimos que no hay un mecanismo directo para defender al consumidor frente al aumento permanente del costo de la electricidad. No obstante esto, la aceptación de audiencias, como las convocadas para esta semana, a solicitud de la Defensoría del Pueblo, podría ser un mecanismo importante para hacer frente a las futuras facturaciones de los servicios públicos.
Han pasado dos administraciones y es hasta ahora cuando el consumidor tendrá la oportunidad de opinar sobre el régimen de tarifas eléctricas impuesto por empresas en las que el Estado panameño tiene la misma cantidad de acciones que los inversionistas privados.
Debemos reconocer, entonces, que la actual administración del Ente
Regulador, busque apoyo en las opiniones y recomendaciones del pueblo, para así evitar las distorsiones del mercado que favorecen a las empresas explotadoras de esta actividad.
De esta iniciativa podría surgir un mandato popular que contemple el impulso de empresas estatales, que servirían para realizar los cálculos de las tarifas y sus actualizaciones, frente a las peticiones del sector privado que no pierde ocasión de solicitar aumentos para incrementar las ganancias de sus accionistas. Las audiencias convocadas para esta semana por la institución podrían
motivar los correctivos necesarios para la revisión de la ley, sin que esto sea una intervención del Estado en el mercado.
Le corresponde ahora a la Defensoría del Pueblo organizar a los expertos para sustentar con estudios científicos, los futuros cálculos del servicio de transmisión de energía eléctrica y reducir así, el impacto que tienen contra los bolsillos de las familias panameñas, en momentos en que todo sube y nada baja en este país.
Ya es tiempo que los panameños paguemos lo justo por los servicios ofrecidos por el Estado o la empresa privada y en este caso existe la oportunidad de debatir sobre este asunto y quienes tienen conocimientos sobre el tema podrán convertirse en voceros de los usuarios que no tienen posibilidad de enfrentar los constantes aumentos.
