Frank Sopalda, padre de un niño de 10 años, acudió a la Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento de esa institución la situación que atraviesa el menor de edad luego de que fuera atropellado por una unidad del Servicio de Protección Institucional (SPI), supuestamente en el ejercicio de sus funciones.
Según Sopalda, luego del incidente su hijo se mantiene con la utilización de muletas de forma permanente, ya que el atropello le ocasionó tres fracturas en la tibia y el peroné izquierdo, por lo que ha sido intervenido quirúrgicamente en seis ocasiones, operaciones que el padre y sus familiares han asumido en costos, incluyendo estadía y gastos de movilización al médico, que es tres veces por semana.
