Una verdadera polémica ha causado el proyecto de ley Nº71, aprobado en primer debate en octubre pasado en la Asamblea Nacional, no sólo porque aún no se ha dado a conocer la tabla de precios con la que se titularán costas e islas, sino porque la propuesta no ha sido discutida ni dada a conocer en su totalidad según apuntan diversas asociaciones.
El mandatario Ricardo Martinelli expresó que algunas leyes se han quedado atrasadas, por lo que la Asamblea Nacional de Diputados hará Sesiones Extraordinarias para aprobar algunos ante proyectos como el 71 de Derechos Posesorios, Costas e Islas.
La tabla de precios que debe ser confeccionada por el Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría aún no existe, pese a que debe ser aprobada previa consulta con los interesados en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá, Julio Bermúdez, denunció que este es un proyecto no consultado y que además no recoge los intereses de la mayoría de la población panameña. "En las discusiones que participamos en la Asamblea los diputados hicieron caso omiso de los que se planteó. Más de 30 personas intervenimos y ninguna apoyaba a la ley".
Apunta que el mayor problema es que no se conocen los precios en que se va vender la tierra, además que se está limitando a dos hectáreas o sea 20 mil metros.
Destacó que la Ley 23 de la pasada administración fue discutida por más de un año y aunque se acordó un precio por hectárea que no era del agrado de muchos, por lo menos fue consensuado, ahora ni siquiera saben en cuánto no las van a vender.
"Nosotros nos oponemos a la ley del gobierno actual porque limita la compra a 2 hectáreas y no nos dan alternativas, en la ley 23 hubo un acuerdo entre el gobierno y nosotros de reconocer los derechos posesorios", enfatizó el dirigente.
En tanto, el pescador Rubén Bernal, dijo que se le está dando prioridad a los extranjeros en este tema porque les hacen foros de consulta y este problema de tierra no es sólo para los extranjeros, esta ley influye sobre pescadores panameños, campesinos, productores de costa a costa en este país.
"Esperamos que con la misma prominencia que se le esta dando a los extranjeros, los representantes de gobierno vayan a las comunidades a lo largo y ancho de este país a divulgar esta ley. Los panameños tenemos o más derecho y no estoy en contra de los derechos que tienen los extranjeros, sino que queremos más divulgación", agregó.
Bernal advirtió que la especulación se está dando porque no hay una legislación adecuada, pero quieren que haya un consenso porque hablar 20 minutos en la Asamblea eso no es una consulta en su totalidad, sino debatir el documento para mejorarlo.
VERSION OFICIAL
El viceministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia, dijo que el gobierno busca evitar el acaparamiento de tierras de personas utilizando supuestos derechos posesorios, porque hay sujetos que han acaparado grandes territorios de tierra, por ejemplo: la costa norte de Veraguas prácticamente toda tiene dueño y eso no es aceptable para el gobierno.
"Pondremos orden en este tema, pero también tenemos que tomar en cuenta los intereses de los lugareños que tienen derechos posesorios y que han vivido en esas propiedades durante muchos años. Claramente la ley va a tener disposiciones para evitar el acaparamiento de tierra que se ha dado principalmente por la posición ambiental de la Ley 23", recalcó.
Por su parte, el director de Catastro y Bienes Patrimoniales, Publio Cortés, manifestó que este proyecto se presentó por tres razones: la primera cumplir con la promesa de ayudar a los humildes, facilitar la inversión y la tercera proteger los intereses del Estado contra situaciones de especulación y acaparamiento de territorio valioso del Estado y de todos los panameños.
Dijo que el proyecto de ley se están atendiendo situaciones como la de las costas de Veraguas, buscando la manera de lograr el equilibrio y que no se afecte los verdaderos titulares de derechos posesorios en áreas donde efectivamente existen una gran cantidad de presencia de hace años de lugareños y de inversionistas también legítimos versus situaciones en las que hay duda sobre si había tales derechos posesorios.
Aclaró que la Carta Magna en el caso de las islas no prohibe su venta, en el artículo 291 de la Constitución lo que dice es que el territorio insular para titularlo tiene que pasar por una serie de requisitos en miras al desarrollo del país.
En el caso de las costas, según Cortés, la Constitución también permite titularlas, sólo que se debe reservar un área de mar en el Pacífico de 22 metros y en el Caribe de 10 metros, dentro del cual hay que dejar para el uso público.
TABLA DE PRECIOS
Publio Cortés señala que se han dado algunas confusiones en la interpretación de la ley, como en el caso de la titulación gratuita hasta dos hectáreas, lo que no significa que más de dos hectáreas no se puedan titular, si se pueden titular pero habría que pagar de conformidad a la tabla de precios.