La Fiscalía Primera de Drogas pedirá el llamamiento a juicio para la mayoría de los sindicados en el proceso contra el colombiano Pablo Joaquín Rayo Montaño y otras 124 personas por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir.
"Hay elementos probatorios suficientes para que se emita un auto de llamamiento a juicio para los sindicados", aseguró el fiscal Javier Caraballo, quien será el titular de un equipo de cuatro fiscales que tendrán la vocería para sustentar la vista fiscal de la investigación que inició en el 2006 contra una red internacional de tráfico de drogas.
El Juzgado Noveno de Circuito Penal ha previsto dentro de sus parámetros que los Defensores de Oficio actúen en caso que haya el incumplimiento o ausencia de uno de los abogados de los imputados.
A cada defensor se le han asignado 24 imputados en caso de que les haga falta su abogado en ese proceso de audiencia preliminar.
El Ministerio Público también contará con cuatro fiscales que servirán como voceros, quienes se encargarán de sustentar que se logre el llamamiento a juicio.
Caraballo explicó que aún hay órdenes de captura internacional para algunos sindicados prófugos.
Rayo Montaño y el futbolista colombiano Freddy Rincón, permanecen en Brasil, mientras que otro de los imputados, Domingo Micolta, fue extraditado hacia los Estados Unidos.
Ese caso consta de 110 tomos iniciales más 421 de anexos.
Hay un total de 30 personas detenidas, nueve con medida cautelar, tres con fianzas, 42 emplazados, 39 libres y participan un total de 56 abogados particulares y cinco de oficios.
El acto de audiencia es público. Se llevará a cabo en el Segundo Tribunal de Justicia, y quienes acudan no podrán interrumpir y hacer manifestaciones de apoyo o desacuerdo; tampoco se permiten dispositivos para grabar, filmar o reproducir imágenes.
Los abogados podrán alegar 30 minutos, pueden pedir una extensión de una hora, pero queda a discreción del juez en caso que la defensa tenga varios imputados. Situación similar operará respecto a la intervención del Ministerio Público.
El orden para alegar estará determinado por el apellido del abogado principal.
