Testigo afirma que ejército vigilaba a obispo Gerardi

Guatemala
AFP
Un testigo clave de la iglesia ratificó ante la jueza del caso, que el ejército guatemalteco controlaba desde 1996 las conversaciones telefónicas del obispo Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998, informó ayer la funcionaria judicial. El testigo rindió declaración ante la jueza Flor de María García como prueba anticipada la tarde del viernes en la sede la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), en la capital guatemalteca. Durante la diligencia estuvieron presentes también el fiscal del caso, Leopoldo Zeinssig, y el abogado José Toledo, defensor del sacerdote Mario Orantes (quien fue involucrado en el crimen por la investigación oficial), dijo a la prensa. Añadió que el testigo, identificado como Oscar Chic, ratificó que ingresó a las fuerzas armadas 1984, con el cargo de cocinero, pero en 1992 lo asignaron como analista de intercepción de llamadas telefónicas, en la inteligencia Estado Mayor Presidencial (EMP). Siempre según la jueza, Chic dijo que para vigilar telefónicamente a Gerardi --quien fue asesinado a golpes el 26 de abril de 1998 en la capital guatemalteca-- se utilizó el código 27 debido a que cada persona que era controlada se le asignaba un número de identificación. Agrego que fueron vigilados igualmente la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú; los diputados izquierdistas Amílcar Méndez y Rosalina Tuyuc, así como los obispos Julio Cabrera, Juan José Ramazzini y Rodolfo Quezada. Quezada fungió como moderador en las negociaciones de paz entre el gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que culminaron con los acuerdos que pusieron fin a la guerra interna de 36 años en 1996. Por su parte, el abogado del sacerdote Orantes dijo aunque las declaraciones del testigo no sirven para el esclarecimiento del crimen pues Chic no tiene información sobre el asesinato en sí, su "aporte para el caso Gerardi es referencial y el valor como prueba para realizar alguna detención depende del Ministerio Público (Fiscalía)". Varios miembros del EMP, cuerpo elite del ejército que se encarga de la vigilancia del presidente guatemalteco, han sido involucrados en el asesinato por lo que la Fiscalía solicitó la prueba de ADN para comprobar su participación. La nueva denuncia se suma a la presentada el pasado 23 de agosto por el sargento primero del EMP, Jorge Aguilar, quien dos días después se exilió en Canadá. El crimen de Gerardi fue cometido dos días después que el prelado presentó un informe en el que acusó al ejército de ser el principal responsable de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, en que murieron 150.000 personas y 50.000 resultaron desaparecidas. A más de 18 meses el asesinato sigue en el misterio, sin que nadie haya sido acusado judicialmente.
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