Criticada ha sido la decisión de la Contraloría General de la República de eliminar el control previo en el manejo de millonarias partidas de los ministerios de Salud y Obras Públicas. El pasado 25 de octubre, la Contraloría promulgó en la Gaceta Oficial la resolución 898-DFG que contiene la polémica decisión.
Si bien la Constitución Nacional consagra en su Artículo 280 la potestad de la Contraloría de decidir en qué casos aplica el control previo, la ciudadanía se siente más tranquila cuando el uso de sus impuestos es fiscalizado paso a paso.
La Contraloría reemplazó el control previo por la obligación del MINSA y del MOP de rendir cuentas y garantizar que cada centavo de los 1,730 millones de balboas será manejado con transparencia.
La historia reciente del país está llena de casos en los que algún funcionario ha tratado de birlar los fondos públicos. Esto mantiene a la ciudadanía en un estado de alerta permanente. Y no es que debamos generalizar en este sentido, sino cumplir con las reglas y controles que establecen las leyes para garantizar el buen manejo de la Cosa Pública.
Es cierto que la mayoría de los países del mundo ha ido reduciendo el control previo, pero seguramente en esas naciones la justicia no es selectiva y se castiga como establecen las leyes a los que se apropian o hacen mal uso de los fondos públicos.
Las obras son necesarias; sin embargo, no es el afán político el que debe primar sobre su ejecución. Los gobiernos ganan más cuando hacen buenas obras, cumpliendo con todas las normas vigentes.