Dos tragedias consecutivas han golpeado al pueblo panameño. Primero la muerte de más de 30 personas por consumir medicamentos envenenados de la Caja de Seguro Social y el lunes otros 18 compatriotas resultan calcinados al incendiarse un autobús.
Lo sucedido revela que las autoridades no están cumpliendo su labor de vigilancia. La burocracia estatal permanece inmersa en otros aspectos y no cumplen las tareas de inspección para prevenir hechos lamentables.
No hay registro sanitario de los medicamentos elaborados por el Laboratorio del Seguro Social y menos análisis de esos productos ni de la materia prima utilizados para su producción.
La Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre permite que ingresen y circulen por el país autobuses que no cuentan con puertas de emergencias o estás han sido condenadas.
Se otorgan permisos de operación para vehículos del transporte colectivo que tienen su motor en la entrada de los vehículos, convirtiéndose en verdaderas trampas de muerte al momento de un accidente.
Ahora veremos a una pila de funcionarios inspeccionando a todos los autobuses. La mano dura contra los conductores de "diablos rojos" y los "moldes de pan", durará hasta cuando la mayoría de los panameños olviden la tragedia de la vía Martín Sosa.
La culpa del desgreño que hay en el transporte público es compartida. Tan responsables son los dueños de buses como los funcionarios que no cumplen su labor.
Lo sucedido en la CSS y con el transporte son apenas dos ejemplos del incumplimiento estatal. Nos preguntamos si otros centros de concentración de personas como discotecas, grandes edificios y otras estructuras tienen salidas de emergencia para escapar cuando se registre un siniestro. ¿Cuánta gente tendrá que morir para que arreglen las cosas?