El Juzgado Tercero Municipal condenó a seis meses de prisión al dirigente transportista Manuel Jesús Argüelles Díaz, tras considerarlo responsable de delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos privados, cometido en perjuicio del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo.
La presente encuesta penal se inicia con la "querella penal suscrita por el Licenciado Valentín Jaén, ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial" y señaló que el 5 de junio de 2002, se celebró una reunión de Junta Directiva del Sindicato de Transporte Colectivo".
Sin embargo, "al confeccionar el acta, el señor Manuel Argüelles Díaz alteró el contenido de las mismas, otorgándose, sin el consentimiento de la Junta Directiva y de la Asamblea General, las facultades de gravar, traspasar y transar sin limitaciones algunas, derechos del Sindicato, para el Desarrollo del Transporte masivo en la ciudad de Panamá, con el Consorcio Centenario de Brasil".
Tras una serie de diligencias judiciales, "la Personería Segunda Municipal del Distrito de Panamá, recomendó proferir un auto de llamamiento a juicio al señor Manuel Jesús Argüelles Díaz, como presunto infractor de las disposiciones penales contenidas en el título VIII, Capítulo 1, Libro II-Código Penal, es decir por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado".
La audiencia preliminar se realizó en fecha reciente, acto "durante el cual la representación social recomendó se abriera causa criminal contra Manuel Jesús Argüelles, mientras que la defensa técnica recomendó un sobreseimiento provisional".
Argüelles al ser requerido "sobre su responsabilidad se declaró inocente de los cargos formulados en su contra. La representación social al externar sus alegatos de fondo recomendó se dicte una sentencia condenatoria, mientras que la defensa del procesado solicitó la absolución de los cargos endilgados contra su mandante".
Este tira y jala judicial duró varios meses.
BVIEJAS PUGNAS SINDICALES
Delito
No es la primera vez que dirigentes del sector transporte se encuentran en líos con la justicia ordinaria. El juzgado ya llegó a una decisión.
