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Representantes del Gobierno y la oposición se sentaron en una misma mesa. Foto Jorge Silot  |
La mesa del diálogo nacional quedó instalada ayer y se acordó una secretaría técnica como mecanismo operativo que desarrollará su labor en base a un cronograma de trabajo. Esta comisión multisectorial la conforman el ministro de Economía, Norberto Delgado, que funge como coordinador del Diálogo; el asesor presidencial Mario Galindo y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena.
Por los partidos políticos participan Héctor Alemán (PRD), Cecilio Moreno (Partido Popular), José Blandón (Arnulfista), Noriel Salerno (Solidaridad), Arturo Araúz (Liberal) y Mario Martinelli (Cambio Democrático). También toman parte Norma Cano en representación del sector laboral, José Javier Rivera por el sector privado y Juan Francisco Kiener por los gremios empresariales.
Los representantes acordaron realizar el próximo martes la primera reunión de análisis de las propuestas presentadas por el PRD y el Gobierno. Igualmente se acordó la designación de una secretaría técnica que estará a cargo del viceministro de Economía, Domingo Latorraca. En nombre del Organo Ejecutivo el ministro Norberto Delgado sustentó las bases para la búsqueda de un consenso nacional para lograr el desarrollo económico sostenido.
En este planteamiento Delgado manifestó que el trabajo que se tiene que realizar es arduo, ya que se tienen que contrarrestar los 30 meses de desaceleración económica que atraviesa la economía panameña. Señaló que en este Diálogo se deben proponer metas que garanticen mantener la deuda pública en niveles aceptables, mediante la generación de una "ley que establezca topes de endeudamiento público", basados en estándares internacionales sobre endeudamiento y su relación con el crecimiento de la economía.
Delgado detalló que esta política en materia de deuda pública es imprescindible para alcanzar el grado de inversión que permitirá a Panamá aspirar a la reclasificación de la deuda pública para reducir los costos de su financiamiento y disminuir su peso sobre las finanzas públicas.
Añadió que esta alternativa mejorará el entorno económico para el sector privado, colocará a Panamá en el mapa de los mercados de inversión de las empresas productivas y liberará recursos financieros que podrán dirigirse a satisfacer las cuantiosas necesidades que tiene el país en materia de inversión social.
En cuanto a la racionalización del gasto público, el Gobierno contempla presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley por el cual se establezcan topes máximos para el gasto público, en función del crecimiento de la economía, de manera que sea definida por ley, la responsabilidad del Gobierno de mantener bajo control los gastos de funcionamiento y se concentren los recursos en función de las inversiones públicas. |